El director de la Oficina Andaluza Antifraude, Ricardo Puyol Sánchez, ha entregado hoy al Presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre Muñoz, la memoria anual de la institución que recoge el periodo comprendido desde su puesta en funcionamiento efectiva el 1 de junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Con este informe, la OAAF rinde cuentas ante el Parlamento de Andalucía de las actuaciones llevadas a cabo por la institución, así como de las recomendaciones y otras acciones impulsadas en el ámbito de la prevención y la lucha contra la corrupción en Andalucía.
Balance de denuncias e investigaciones
Uno de los datos destacables es el aumento de denuncias sobre fraude, corrupción y conflictos de intereses experimentado en el año 2023, en el que se ha producido un incremento exponencial respecto al año anterior pasando de 35 (2022) a 464 (2023), lo que supone un aumento de más del 1.300%.
Unos datos que se verán duplicados en el año 2024 si sigue la tendencia actual, dado que ya se ha superado la barrera de las 240 denuncias recibidas en la OAAF en menos de un trimestre, lo que hace pensar que se alcanzará el millar de denuncias en este ejercicio. Ante este escenario de incremento exponencial de procedimientos, desde la Oficina se solicitará al Parlamento reforzar los recursos que tiene asignados con el objetivo de garantizar la calidad y cantidad de sus investigaciones.
Como autoridad pública independiente encargada de la gestión del canal externo de información de la comunidad autónoma andaluza, la OAAF ha abierto un total de 315 procedimientos de investigación e inspección derivados de las 501 denuncias recibidas hasta final de 2023.
Las situaciones relacionadas con procesos selectivos, nepotismo o favoritismo en materia de personal y RRHH son los campos que más denuncias acaparan, y suponen el 50% de las investigaciones de la OAAF. La siguiente materia que ha copado más procedimientos ha sido la relativa a autorizaciones, licencias, situaciones de calificación ilegal de terrenos, desprotección de espacios protegidos o vertidos ilegales con un 15%, seguida de asuntos como el abuso de contratos menores y otras prácticas de contratación pública irregulares que alcanzan el 13% .
En cuanto a las entidades denunciadas, aquellas que forman parte de la Administración local copan el 52% de las denuncias, mientras que la administración autonómica y sus empresas dependientes registran el 31%. El elevado número de investigaciones en el ámbito local puede deberse a escasez de recursos de control, sobre todo en el marco de los ayuntamientos más pequeños, dado que muchos carecen de personal de fiscalización propio ya que lo comparten con otros municipios.
Respecto a la potestad sancionadora, la Oficina ha abierto un total de 9 procedimientos sancionadores, además ha dado trasladado al Ministerio Fiscal de 4 denuncias sobre las que se han detectado indicios de delito como resultado del análisis preliminar realizado por la OAAF.
Ley 2/2023, de 20 de marzo, de protección del informante y la A.A.I.
La entrada en vigor el 13 de marzo de 2023 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que supone la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 ha centrado gran parte de las actuaciones de la Oficina el pasado año.
La necesidad de disponer de canales internos de información antes del 1 de diciembre de 2023 por parte de la Administración autonómica, ayuntamientos, diputaciones provinciales, universidades y entidades del sector privado, ha hecho que la Oficina haya atendido más de un millar de peticiones de información dado los especiales requerimientos legales, organizativos y de infraestructura exigidos para la puesta en marcha de dichos canales.
En este contexto, la OAAF ha recibido algo más de 700 comunicaciones de inscripción en el registro de personas responsables del sistema interno de información. Una cifra muy baja atendiendo a las entidades que tienen obligación de hacerlo, ya sólo el número de pymes andaluzas que deberían haber cumplido a final del pasado año con la preceptiva comunicación a la Oficina asciende a 5.000.
La Ley 2/2023 establece un exigente régimen sancionador para las empresas que no dispongan de buzón interno de denuncias, no obstante, es la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I) a nivel nacional (que ya debería estar creada) la que tiene atribuida las potestades sancionadoras en esta materia. En cualquier caso, desde la Oficina Andaluza Antifraude se viene reclamando la necesidad establecer mecanismos de coordinación con el Estado al objeto de clarificar las competencias y atribuciones de las oficinas autonómicas en el marco de dicha Ley estatal.
Actividad preventiva
La Oficina ha apostado por acciones preventivas como herramienta clave para mitigar los riesgos asociados con prácticas corruptas, y así abordar las causas subyacentes y crear un entorno que evite su proliferación. Se ha elaborado un Código Ético para promover e impulsar la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública, actualmente se estudia su incorporación formal a la acción de los empleados públicos y altos cargos de la administración autonómica.
Otras actividades de prevención se han cristalizado en la elaboración de sendas guías de buenas prácticas en materia de contratación pública y de selección de personal al servicio de las administraciones públicas. Además, la Oficina lanzará en unas semanas el proyecto de Organizaciones por la Integridad Pública (OIP), una iniciativa en la que se acompañará a las organizaciones andaluzas que voluntariamente se comprometan a participar a elaborar sus propios mapas de riesgos y generar sus propios marcos autorregulatorios.
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