La mancomunidad de servicios de la provincia de Huelva elimina las asignaciones económicas a fuerzas políticas tras requerir la Oficina Andaluza Antifraude el inicio de una investigación

La OAAF considera en su resolución que la integración en el pleno de la MAS de los grupos políticos y sus respectivas asignaciones económicas pudieran haberse aprobado sin amparo normativo.

La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) ha suprimido en el presupuesto para el ejercicio 2023 la dotación económica a los grupos políticos constituidos en la Mancomunidad y que venían percibiendo en ejercicios anteriores. El importe de esta dotación, que se recaudaba a través de la empresa de Gestión Integral del Agua de Huelva SA (GIHASA), ascendió en el ejercicio 2022 a 546.200 euros.

La representatividad de los municipios en el Pleno de la mancomunidad a través de grupos políticos y las asignaciones económicas reconocidas a los mismos se producía en virtud de un acuerdo de pleno de la MAS de 24 de julio de 2019, que ha sido objeto de denuncia ante la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF). Este acuerdo también ha sido impugnado por parte de la Junta de Andalucía que en mayo de 2022 remitió a la mancomunidad un requerimiento sobre la nulidad de dichas decisiones, sin que hubiera sido atendido por la misma.

La decisión de la MAS de suprimir las dotaciones a las fuerzas políticas en el presupuesto del ejercicio 2023, se produjo tras la resolución de 16 de diciembre de 2022 de la Oficina Andaluza Antifraude en la que se acordó el traslado de actuaciones para que se iniciara investigación e inspección al apreciar que la integración en el Pleno de la mancomunidad de los grupos políticos y las asignaciones fijas y periódicas que se otorgaban a éstos, pudieran haberse aprobado sin amparo normativo, en cuanto que los Estatutos de la propia mancomunidad no los reconocen.

La Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador de la OAAF entiende que estos hechos pudieran suponer una quiebra del apartado 2 del art 67 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), en el sentido de que es el municipio el que designa a sus representantes en función del resultado electoral, lo que no implica que sea a través de la existencia de grupos políticos en sus órganos de gobierno, más cuando los Estatutos de la mancomunidad fueron modificados en este sentido.

En la citada denuncia también se ponía en conocimiento de la OAAF posibles irregularidades en la financiación a largo plazo de la empresa GIHASA, unos hechos sobre los que la esta oficina no se ha pronunciado dado que la Junta de Andalucía tiene interpuesta una demanda ante los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, y a la fecha de emisión de la resolución no existía un pronunciamiento judicial expreso.

Balance de denuncias presentadas ante la OAAF

La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) tiene a disposición de la ciudadanía un canal de denuncias donde informar sobre todo acto u omisión que pudiera ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros.

La OAAF ha recibido un total de 32 denuncias. De ellas, 13 fueron remitidas de manera anónima, es decir, sin identificación legal. Otras 19 denuncias se presentaron de manera identificada, 16 interpuestas de ellas por personas físicas y 3 por sindicatos y grupos políticos. De las personas físicas, dos solicitaron medidas de protección para evitar represalias y acogerse a la reparación de posibles perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias formuladas.

Por tipo de entidad, las denuncias se dirigen contra entidades locales (16), Junta de Andalucía (15) y otras entidades (1). Con relación a la materia, los primeros asuntos fueron los referidos a personal e incompatibilidades con 7 denuncias respectivamente, seguidos de cuestiones como urbanismo (5), contratación (4), uso inadecuado de recursos públicos (3) y licencias (3). En resto de asuntos giran en torno a formación, cursos y policías, entre otros.

En lo que respecta al estado de tramitación, 15 denuncias ya han sido resueltas, de las que 8 han sido archivadas por entender que los hechos denunciados no son susceptibles de fraude, 1 archivo por prescripción, 1 inadmisión y las 5 restantes han sido trasladas al ente local competente para que en 6 meses comunique las actuaciones de investigación realizadas e informe de conclusiones.