La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción reunió el pasado 29 de marzo en el Parlamento de Andalucía a un centenar de profesionales y ponentes de reconocido prestigio en el campo del Derecho Penal, catedráticos y docentes de diferentes universidades andaluzas, así como relevantes autoridades judiciales del ámbito de la judicatura, la fiscalía anticorrupción y la abogacía del estado para reflexionar sobre la nueva reforma del Código Penal recogida en la Ley Orgánica 14/2022, y en concreto la modificación de aspectos esenciales en cuanto a tipologías y penas del delito de malversación está teniendo consecuencias negativas en la lucha contra la corrupción.
Como principal conclusión de esta II Jornada Anticorrupción organizada por la OAAF se constató que esta reforma está teniendo una incidencia negativa en la lucha contra la corrupción.
Este encuentro sirvió ademas para determinar y precisar desde el punto de vista académico y jurídico muchos extremos que no se encontraban suficientemente especificados en el nuevo texto legislativo y que arrojan luz sobre la manera más eficaz de perseguir y prevenir casos de corrupción como los que copan la agenda mediática, política y social en la actualidad.
En el transcurso de la jornada, se puso de manifiesto que la reforma no ha respondido a una demanda ni jurídica ni social, además la tramitación con carácter de urgencia como proposición de Ley elegida por el Gobierno, ha hurtado a la sociedad los preceptivos procesos de reflexión y de análisis que requieren modificaciones legislativas de este calado y así poder ofrecer una respuesta conjunta y consensuada a un fenómeno que provoca graves daños a la administración.
Con la entrada en vigor de esta reforma, se ha evidenciado que no se mejora lo regulado en el Código Penal del año 2015 sino que además se sustrae de la norma un elemento clave como es la sanción de administración desleal del patrimonio público lo que supone un claro retroceso en la lucha contra la corrupción. En este sentido, el Ministerio Fiscal ha establecido unas pautas interpretativas y unificado criterios entorno a esta cuestión al objeto de garantizar el principio de unidad de actuación, empujado principalmente por la concurrencia de numerosas solicitudes de revisión de condenas en casos de corrupción especialmente mediáticos, y así evitar que dichas conductas queden impunes.
Asimismo, del análisis comparado del rango penológico de la Ley Orgánica se determinó en esta jornada que éste no se encuentra armonizado con el conjunto de legislaciones de otros países de nuestro entorno europeo, un argumento contrario al que se recoge en la exposición de motivos de la Ley. En este contexto el próximo informe de evaluación que emita el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), órgano del Consejo de Europa, en lo que respecta a la capacidad de España de la lucha contra la corrupción por la aplicación de la referida Ley, dará cierta luz sobre esta cuestión.
La jornada que se estructuró en dos mesas redondas diferenciadas contaron con ponencias de Alejandro Abascal Junquera, juez de la Audiencia Nacional, Nazaret Salguero Gil y Fernando Soto Patiño, Fiscales anticorrupción, José Antonio Jurado Ripoll, abogado del Estado en Málaga y los catedráticos de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, Antonia Monge y Borja Mapelli, así como Ana María Prieto, profesora de derecho penal de la Universidad de Málaga.
La mesa inaugural estuvo compuesta por el presidente del TSJA, Lorenzo del Rio, el Director de la Oficina Andaluza Antifraude, Ricardo Puyol, el secretario primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Manuel Andrés González y la Viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Mª Corredera.
Todos los participantes coincidieron que nos encontramos ante un problema de especial gravedad que menoscaba la confianza de la ciudadanía en las instituciones, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022 publicado en enero por Transparencia Internacional, España no avanza por segundo año consecutivo en sus esfuerzos de prevención y lucha contra la corrupción, y se encuentra en la posición 14 de los 27 países de la UE. En este contexto y para evitar que la justicia sea el único muro de contención de la corrupción se hace imprescindible fomentar la transparencia y la integridad en la gestión pública, así como reforzar el control preventivo por parte de las administraciones.
La jornada fue clausurada por el Presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre Muñoz que destacó la importancia del trabajo desplegado por la Oficina Andaluza Antifraude, en un momento donde la transparencia y la integridad en la gestión pública cobran especial relevancia.
Este encuentro sirvió además para dar a conocer la puesta en funcionamiento oficial del canal externo de denuncias de la OAAF (https://buzon.antifraudeandalucia.es/) donde de forma anónima cualquier persona puede poner en conocimiento de la Oficina hechos o actos que puedan ser considerados fraude, corrupción, conflictos de intereses u otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros del sector público andaluz. Además, la Oficina ofrece asesoramiento y provee de las medidas de protección necesarias, en el caso de que las personas informantes así lo requieran, al objeto de evitar posibles represalias.