Desde el pasado 13 junio de 2023 todas las empresas andaluzas con más de 249 trabajadores deben disponer de un sistema interno de información que integre un canal de denuncias. Esta obligación se encuentra recogida en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción.
Para las empresas de entre 50 y 249 trabajadores, el plazo de implantación de dicho sistema será el próximo 1 de diciembre. Esta misma obligación se impone a las empresas de menos de 50 trabajadores que puedan producir riesgos importantes derivados de sus actividades, en particular para el medio ambiente y la salud pública, y a todas aquellas relativas a dinero electrónico o gestores de fondos de inversión alternativos, entre otras.
Estas y otras cuestiones han sido abordadas en la reunión que hoy han mantenido en Málaga el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, y el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Ricardo Puyol.
El encuentro ha servido para hacer un balance del grado de implantación del canal interno de denuncias por parte de las empresas andaluzas. Los especiales requisitos técnicos y administrativos exigidos en la normativa europea y estatal de aplicación han provocado que muchas empresas se hayan dirigido a la Oficina Andaluza Antifraude para solventar dudas con relación a la implantación de estos novedosos sistemas.
Además, la OAAF es la autoridad competente para la gestión del Registro de Responsables del Sistema Interno de Información (RRSII) en Andalucía. Desde la creación de dicho registro el pasado 12 de junio, solo 43 empresas han comunicado la designación de las personas responsables de sus respectivos sistemas. Una cantidad muy reducida, atendiendo al número de empresas andaluzas que a día de hoy están obligadas a hacerlo.
Por todo ello, la OAAF ha propuesto a la CEA abrir canales de colaboración a fin de prestar asesoramiento jurídico y técnico a las empresas que así lo requieran al objeto de facilitar una adecuada aplicación de la ley. En este sentido, se ha acordado la organización conjunta de varias jornadas informativas en el próximo semestre para clarificar aspectos sobre requerimientos legales, organizativos y de infraestructura exigidos, personas responsables del canal, investigaciones internas o medidas de protección, entre otros.
Cabe recordar que el incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en la imposición de sanciones de hasta un millón de euros, siendo el órgano de administración de las empresas el responsable de las mismas. En cualquier caso, la OAAF es consciente de las dificultades actuales de las empresas para dar cumplimiento a los plazos de una normativa muy rigurosa en lo que respecta al procedimiento de tramitación de las denuncias y a las especiales características técnicas que debe reunir el sistema interno de información.