La OAAF contará con la colaboración del Colegio de Abogados de Sevilla para mejorar la asistencia jurídica a las personas que informen sobre casos de corrupción

Ambas instituciones quieren incentivar que la ciudadanía pierda el miedo a denunciar

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla han suscrito un convenio de colaboración que garantizará una adecuada prestación de asistencia jurídica a las personas informantes y denunciantes de casos de corrupción.

Con este acuerdo, ambas instituciones quieren incentivar que la ciudadanía pierda el miedo a denunciar y a concienciar de la necesidad de dar cumplimiento al deber cívico de poner en conocimiento de la Oficina Antifraude cualquier acto de fraude, corrupción o conflictos de interés que comprometa los intereses económicos del sector público andaluz.

Desde el Colegio de Abogados de Sevilla se facilitará la obtención de información para la tramitación de las solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, lo que propiciará la mejora de las prestaciones a la ciudadanía, agilizando dichas actuaciones y otorgándole un mayor grado de fiabilidad, transparencia y seguridad jurídica. 

En la imagen el director de la OAAF, Ricardo Puyol, y el decano del ICAS, Oscar Fernández

En la imagen el director de la OAAF, Ricardo Puyol, y el decano del ICAS, Oscar Fernández.

La OAAF tiene encomendadas entre sus funciones la protección de la persona denunciante, conforme a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, así como la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía, y de protección de la persona denunciante. 

La colaboración con los colegios de abogados de las diferentes provincias andaluzas mejorará la asistencia jurídica, la representación y la defensa en los procedimientos administrativos o  judiciales seguidos en cualquier orden jurisdiccional interpuestos por las personas denunciantes o contra las mismas, y que se hubieran ocasionado directamente con motivo de la presentación de una denuncia ante la OAAF o una revelación pública.