La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ha comenzado hoy la ronda de reuniones provinciales que tiene previsto celebrar con representantes de las ocho delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y otras instituciones con el objetivo de abrir canales de colaboración dirigidos a reforzar la prevención, detección y persecución de la corrupción en nuestra comunidad autónoma.
En el primer encuentro que ha tenido lugar con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya, el director de la OAAF, Ricardo Puyol, ha clarificado aspectos relativos a los procedimientos de denuncias, las obligaciones y derechos de personal al servicio de la administración, así como los mecanismos de protección de las personas denunciantes de los que dispone la Oficina.
Según ha explicado Puyol, “el objetivo es asesorar, formar y sensibilizar al personal al servicio de la administración autonómica y local, en un contexto social que exige consolidar la cultura de transparencia, ética e integridad pública de las administraciones andaluzas”.
En este sentido, la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante no solo permite que cualquier persona pueda denunciar, independientemente de su relación laboral con cada entidad, sino que impone además la obligación al personal del sector público andaluz a comunicar cualquier infracción sobre la que haya tenido conocimiento.
Otras de las cuestiones abordadas se han centrado en la aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que obliga a todas las entidades jurídicas del sector público a dotarse de un canal interno de denuncias, incluidas las entidades dependientes y sujetas al control de éstas, así como a todas las autoridades contratantes.
En el marco de dicha Ley la OAAF ejerce como canal externo de información y asume las competencias para proveer protección efectiva a las personas empleadas públicas que soliciten este amparo. En concreto contempla el despliegue de acciones de cese y reparación de represalias y de cualquier perjuicio sufrido posteriormente a la denuncia, así como a facilitar el traslado de puesto a otro órgano de la administración si fuera necesario.
A lo largo del mes de octubre la OAAF tiene previsto celebrar nuevos encuentros en las provincias de Málaga y Cádiz.