Este encuentro, que reúne periódicamente a representantes de las agencias públicas anticorrupción en funcionamiento en España a nivel estatal, autonómico y local, ha tenido como objetivo analizar los desafíos comunes que plantea la aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, tras su entrada en vigor el pasado 13 de marzo.
Las autoridades presentes en el encuentro han abordado diferentes aspectos de la citada ley que van desde el ámbito de aplicación de la norma y su encaje con las normativas vigentes autonómicas, hasta la esfera de derechos del denunciante, pasando por las funciones de la futura Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI).
Fruto del análisis conjunto llevado a cabo durante las dos jornadas de trabajo se ha constatado la necesidad de establecer mecanismos de coordinación para evitar que la aplicación de la nueva ley suponga una reducción del nivel de protección del informante en los territorios donde ya se encontraba garantizado por las normativas vigentes autonómicas y locales en la lucha contra la corrupción.
En este sentido, la OAAF ya advirtió de que la Ley adolecía de puntos débiles en los mecanismos de protección previstos, por ejemplo, no se dota a las autoridades antifraude de la capacidad para de paralizar de forma inmediata cualquier actuación, acto o decisión administrativa que constituya un acto de represalia. Una absoluta falta de visión global de la norma que choca con el objetivo principal de la Directiva que es proteger al denunciante de una manera integral.
Por ello, en esta reunión se ha apostado decididamente por fomentar una cooperación activa entre todas las instituciones competentes en la materia, a fin de clarificar cuestiones relativas a la adaptación de las normativas autonómicas a la Ley, de forma que se garantice una aplicación homogénea de la misma y se contribuya a una mayor eficacia de las medidas previstas de protección de la ciudadanía, así como a optimizar el uso de los recursos públicos.
Otro aspecto objeto de debate ha sido la configuración y funciones de la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI), un órgano de ámbito estatal cuya nueva creación no debería suponer una limitación de la capacidad de acción del resto de autoridades autonómicas y locales. Desde la OAAF se considera que la configuración de la AAI como autoridad administrativa independiente, aunque relacionada con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, supone una clara dependencia que le resta la credibilidad, la independencia y la neutralidad que se le debe presuponer a órganos de control de esta naturaleza.
Según la OAAF habría sido deseable su concepción como organismo independiente de extracción parlamentaria, tal y como están configuradas las autoridades antifraudes en las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Baleares y Andalucía.
En cualquier caso, la Red Estatal de Oficinas y Agencias Antifraude cree fundamental que una vez creada la AAI se aúnen esfuerzos hacia una concertación real de competencias a fin de asegurar una respuesta coordinada y eficaz en todos los niveles de la administración con independencia de su ámbito de actuación competencial.
En este encuentro, organizado por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) han participado representantes de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC); la Agencia Valenciana Antifrau (AVAF); la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra; la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears (OAIB); la Dirección de los Servicios de Análisis, órgano gestor del Buzón Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona; la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid; el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA); la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consello de Contas de Galicia (Observador).