El director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF), Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha participado en la jornada «Integridad y protección de las personas informantes: de la Directiva (UE) 2019/1937 a la Ley 2/2023», organizada con motivo del Día Internacional contra la Corrupción 2025 por Transparency International España, la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), la Oficina Antifraude de Cataluña y la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón.
Su intervención coincide con un momento histórico para Europa: el pasado 2 de diciembre, el Parlamento y el Consejo europeos alcanzaron un acuerdo para aprobar una nueva directiva anticorrupción que obliga a todos los Estados miembros a crear organismos especializados en prevención de la corrupción, independientes y con recursos adecuados.
En la mesa redonda “Autoridades y organismos especializados en la protección de informantes: capacidades, desafíos y avanzas normativos”, el director de la OAAF centró su intervención en un concepto clave: la «brecha de implementación», que define como la distancia entre lo que se legisla y lo que realmente se aplica en la práctica. «La existencia de una ley no garantiza una protección efectiva», afirmó Sánchez Zamorano, basándose en el trabajo de la red europea NEIWA (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities).
Frente a la tendencia de centrarse exclusivamente en el análisis normativo de la Ley 2/2023, Sánchez Zamorano propuso un enfoque diferente: entender mejor a las personas denunciantes para protegerlas de manera más eficaz. «Sabemos aún demasiado poco sobre las personas denunciantes o potenciales denunciantes», señaló.
Miedo, apatía y desconocimiento: los tres bloqueos para denunciar
El director presentó datos de estudios científicos realizados por el laboratorio de análisis de la OAAF que identifican tres grandes bloqueos que impiden a las personas dar el paso de denunciar: el miedo (temor a represalias laborales y falta de confianza en la protección real del sistema, especialmente entre personas con baja educación, vulnerabilidad económica y, de manera destacada, en mujeres); la apatía (percepción de que «no servirá para nada», común especialmente entre jóvenes que desconfían de las instituciones) y el desconocimiento (falta de claridad sobre dónde y cómo denunciar, más frecuente en personas con pocos contactos y baja confianza institucional).
«Estos tres fenómenos se pueden medir, comparar y anticipar», explicó Sánchez Zamorano, quien defendió una estrategia diferenciada: «Ante el miedo, protección; ante la apatía, sensibilización pública y ante el desconocimiento, formación».
La validación europea del modelo andaluz
La nueva directiva europea exigirá que todos los países cuenten con organismos anticorrupción especializados, con personal cualificado y recursos adecuados, capaces de realizar evaluaciones regulares de riesgos. «Esto es exactamente lo que llevamos haciendo en la OAAF desde el principio», destacó el director andaluz.
«Que Europa valide este modelo y lo haga obligatorio nos refuerza», concluyó Sánchez Zamorano. «Al final, proteger lo público requiere de instituciones preparadas, con medios y que generen confianza».
La jornada, enmarcada en el proyecto europeo «OPEN THE WHISTLE» cofinanciado por la UE, reunió a representantes de las principales autoridades anticorrupción españolas, del sector privado, tercer sector y academia para analizar los avances y desafíos en la protección efectiva de las personas informantes.