La celebración este 9 de diciembre del día Internacional de la lucha contra la corrupción y el vigésimo aniversario de la Convención de Naciones Unidas contra esta lacra global, hace hincapié en la necesidad de hacer frente a este desafío a través de un esfuerzo colectivo y coordinado de gobiernos, sector público y privado, sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía.
Ambas conmemoraciones invitan a la reflexión y al análisis crítico sobre los factores que provocan que en España exista todavía una amplia y marcada percepción de la corrupción como elemento ligado a las instituciones. Según datos del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022 publicado por Transparencia Internacional, España no avanza en sus esfuerzos de prevención y lucha contra la corrupción, y sigue bajando posiciones con respecto a años anteriores.
Esta imagen negativa no solo provoca desconfianza y desafección en las instituciones públicas, sino que afecta de forma directa al desarrollo económico y empresarial. Un escenario que favorece la disminución de la inversión debido a la incertidumbre, la distorsión competitiva del mercado al beneficiarse unas empresas respecto a otras y al aumento de la fuga de talento hacia entornos más íntegros.
Las últimas decisiones políticas como la amnistía de graves delitos de corrupción pública o la supresión de órganos de control y fiscalización autonómicos tampoco contribuyen a mejorar una opinión cada vez más deteriorada de la acción pública de gobierno.
En Andalucía, la apuesta por la acción coordinada y el esfuerzo colectivo desplegado en la lucha contra la corrupción ha producido cambios significativos en el funcionamiento de las administraciones públicas, la cultura de la integridad y la conciencia de cumplimiento de la Ley.
La ciudadanía andaluza está cada vez más comprometida a la hora de exigir la rendición de cuentas y reclama la máxima transparencia e integridad en la gestión de los fondos públicos. Dicho compromiso se ha visto reforzado con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que obliga a la implantación de canales de denuncias en administraciones públicas, ayuntamientos, universidades y empresas.
Prueba de ello, es el incremento exponencial de denuncias recibidas en la OAAF que ha pasado de 35 en todo el año 2022 a 450 en lo que llevamos de 2023. Unas cifras que, si bien pueden hacer creer que la corrupción está aumentando, en opinión de la Oficina no es más que un síntoma de la confianza en los mecanismos de nuestra comunidad autónoma para la detección y erradicación de actos corruptos.
La Oficina Andaluza está centrando sus esfuerzos en la prevención de conductas irregulares en la administración y apostando por el fomento de ética pública con iniciativas como la elaboración de un código ético general dirigido al sector público, la puesta en marcha de un proyecto de acreditación de organizaciones por la integridad pública (OIP) o el lanzamiento de un barómetro sobre la percepción de la corrupción en Andalucía.
Para fortalecer estas acciones y reducir el impacto de la corrupción es necesaria la colaboración y la coordinación a todos los niveles, desde la participación activa, informada y responsable de la ciudadanía en la supervisión de la gestión pública y en la denuncia de prácticas corruptas, hasta el compromiso colectivo de entidades públicas y privadas en la consolidación de una cultura de la integridad que ha venido para quedarse #UnidosContraLaCorrupción.