El director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), Francisco de Paula Sánchez Zamorano, intervino ayer en la jornada de debate Tres años de vigencia de la Ley 2/2023, organizada conjuntamente por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) en su sede de la Plaza de la Marina Española de Madrid. El encuentro reunió a los principales actores del sistema español de protección de informantes para evaluar el recorrido de la norma en su tercer aniversario.
Sánchez Zamorano participó en la mesa dedicada a La realidad autonómica tres años después de la Ley 2/2023: modelos previos, nuevas autoridades y sistemas de cooperación, junto al director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Josep Tomàs Salàs Darrocha, y bajo la moderación de Teresa de Jesús Sánchez Armas, directora del Departamento de Seguimiento y Régimen Sancionador de la AIPI.
En su intervención, el director de la OAAF subrayó las singularidades del modelo andaluz, cuya Ley 2/2021 anticipó la transposición de la Directiva Europea 2019/1937 antes de que existiera la norma estatal, y que otorga a la institución una adscripción parlamentaria que refuerza su independencia frente al poder ejecutivo. Sánchez Zamorano destacó asimismo el alcance más ambicioso de la legislación andaluza en los ámbitos subjetivo y material: la protección se extiende a cualquier persona física o jurídica que formule una alerta —y no solo a quienes se encuentran en un vínculo laboral—, y abarca conductas de fraude, conflicto de intereses o cualquier actividad ilegal contra el interés público, incluida la denominada «corrupción blanda».
Como muestra del impacto del modelo, el director aportó los datos de actividad de la OAAF: más de tres mil comunicaciones gestionadas desde su creación, con casi un tercio de los denunciantes identificados solicitando formalmente protección, un porcentaje en ascenso que refleja la confianza creciente de la ciudadanía en la institución. Especialmente reveladora resultó la concentración de las solicitudes de protección en el ámbito local: el 46 % procede de la esfera local y, de ellas, el 90 % del entorno municipal.
La intervención abordó también los retos pendientes del sistema: la gestión de las zonas grises competenciales entre autoridades estatal y autonómicas, los riesgos de asimetría en la protección del informante según el territorio, y la necesidad de avanzar en reformas concretas de cara a la futura Ley Orgánica de Integridad Pública. Entre las propuestas compartidas por las autoridades autonómicas, Sánchez Zamorano reclamó la protección universal con independencia del canal de denuncia utilizado, la eliminación del plazo de caducidad de dos años para el amparo, la extensión de la cobertura a los responsables de los sistemas internos de información y a los funcionarios de control, y el establecimiento de medidas cautelares inmediatas ante represalias.
El director cerró su participación reivindicando una relación de cooperación y coordinación horizontal entre la AIPI y las autoridades autonómicas —nunca de subordinación— y apostando por consolidar la red de oficinas como garante de proximidad: «Los informantes no tienen fronteras autonómicas en su compromiso con la ética pública, y nuestra respuesta institucional tampoco debería tenerlas».
La jornada contó también con una mesa sobre desafíos para una mejor protección del informante, un debate sobre el modelo territorial y las comunidades autónomas sin autoridad competente, y una conferencia de clausura sobre compliance en el sector privado a cargo del exministro de Justicia Francisco Caamaño Domínguez.