La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ha presentado ante el Parlamento andaluz la Memoria Anual de 2024, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en junio de 2024, aunque su comparecencia parlamentaria se ha producido con retraso debido a la transición interna en la dirección de la institución. El documento refleja un notable incremento en la actividad y un intenso debate sobre la integridad pública en Andalucía.
Más denuncias, más confianza
El dato más destacado es el registro de 972 denuncias durante 2024, un incremento del 94% respecto al ejercicio anterior. El director matizó esta cifra: «Las 972 denuncias no significan más fraude, sino más confianza y visibilidad de la Oficina». Aproximadamente la mitad no derivaron en investigación formal, lo que demuestra que la ciudadanía utiliza el canal como «puerta de entrada legítima» hacia el órgano competente.
Durante el ejercicio se abrieron 590 procedimientos de investigación siguiendo criterios técnicos. La Administración Local concentró 380 de las 972 denuncias, algo que el director atribuyó a su papel como «administración más cercana al ciudadano».
Actuaciones y protección
Las investigaciones generaron actuaciones correctivas concretas: revisiones de oficio, recuperación de retribuciones irregulares y rectificación de procesos selectivos. En protección al denunciante se tramitaron 14 expedientes con intervenciones tempranas que evitaron represalias. «La protección es la clave para sostener todo el sistema de integridad», afirmó el director.
Prevención e independencia
La Oficina destacó su apuesta por la prevención con iniciativas como el proyecto OIP (premiado en 2024), el proyecto europeo LOCRIiS y el avance del Código Ético. «La prevención reduce riesgos y evita irregularidades antes de que se produzcan. Es el corazón de nuestra estrategia», señaló.
Sobre la independencia institucional, fue contundente: «La independencia no se proclama; se practica. Se practica aplicando la ley con rigor, no valorando partidos sino hechos. La peor amenaza para la integridad no es la crítica, es la instrumentalización política. Y en esa trampa esta Oficina no va a entrar».
El director cerró con un llamamiento a la colaboración parlamentaria: «La integridad pública no es un campo de confrontación, es un terreno compartido», y agradeció el tono constructivo de los grupos que centraron sus preguntas en mejorar procedimientos y fortalecer capacidades.