La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha celebrado hoy, en el salón de actos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Córdoba, las Jornadas sobre Prevención del Fraude y Lucha contra la Corrupción, organizadas en colaboración con el Colegio y con la participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El encuentro, seguido de forma presencial y por retransmisión telemática, ha reunido a profesionales de la abogacía, personal de la Agencia Tributaria y de las administraciones públicas, asesores jurídicos, así como alumnado del Grado en Derecho y del Máster de Acceso a la Abogacía.
Proteger a quien denuncia
El director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha centrado su intervención en quienes alertan de irregularidades. «Sin informador, no hay lucha contra la corrupción», ha afirmado, antes de recordar que quien da ese paso «muchas veces se debate entre el miedo y la zozobra sobre si va a ser objeto de represalias». Ha explicado que buena parte de las denuncias que recibe la Oficina llegan de forma anónima precisamente por ese temor. «Proteger al informante no es proteger a una persona aislada: es proteger el interés general que esa persona ha decidido defender», ha subrayado.
Sánchez Zamorano, que ha recordado sus cuarenta años de trayectoria como magistrado, ha destacado el papel de la abogacía en este engranaje: «Sin abogados, no hay tutela judicial efectiva». Los profesionales del derecho, ha señalado, asesoran a administraciones y empresas, diseñan sistemas de cumplimiento y gestionan canales internos de información, y son quienes «ven antes que nadie dónde está el riesgo».
El director ha subrayado que estas jornadas inauguran la primera línea de colaboración entre la OAAF y el Colegio de la Abogacía de Córdoba. La voluntad de la Oficina, ha señalado, es que se convierta en una relación estable y que el modelo pueda extenderse a otros colegios profesionales de Andalucía.
La abogacía, «primer escudo» frente a las irregularidades
El decano del Colegio, Carlos Arias López, ha defendido que la colaboración entre instituciones «no debe ser únicamente una declaración de intenciones», sino traducirse en iniciativas concretas como esta. «Una abogacía bien formada es una abogacía mejor preparada para asesorar, prevenir conflictos, identificar riesgos, proteger derechos y contribuir a que las actuaciones se desarrollen dentro del marco de la legalidad», ha afirmado. Arias ha advertido de que el fraude y la corrupción «deterioran la confianza ciudadana, debilitan la credibilidad de las instituciones y afectan a la igualdad ante la ley», y ha reivindicado a la abogacía como «el primer escudo» frente a las irregularidades en la gestión pública y privada.
El delegado de la AEAT en Córdoba, Jorge Fernández Gañán, ha descrito las dos caras de la misión de la Agencia: facilitar el cumplimiento voluntario y actuar con determinación frente a quienes defraudan de forma deliberada. «Una administración tributaria eficaz debe ayudar a quien quiere cumplir y, al mismo tiempo, disponer de los medios necesarios para detectar y perseguir las conductas fraudulentas», ha explicado. Ante un fraude cada vez más complejo, ha advertido de que «ninguna institución puede abordarlo eficazmente desde el aislamiento», por lo que ha valorado especialmente la iniciativa de la OAAF de promover encuentros que fortalecen «una cultura común de integridad y cumplimiento de la ley». Ha concluido que «la lucha contra el fraude no es un fin en sí mismo, es un medio para construir una sociedad más justa y unas instituciones más sólidas».
Respaldo a la labor preventiva y a la independencia de la Oficina
La secretaria general de Justicia de la Junta de Andalucía, María José Cañizares Castellanos, ha destacado la labor preventiva de la OAAF, porque «es donde de verdad el mensaje debe calar: todos tenemos la responsabilidad de prevenir la corrupción». Ha calificado la corrupción de «lacra» y ha advertido de que «la credibilidad en las instituciones se pierde muy rápidamente y cuesta luego mucho recuperarla».
Cañizares ha considerado la protección del denunciante «uno de los temas más acuciantes y más necesarios en nuestra democracia y en el Estado de derecho», ya que el funcionario honrado que se enfrenta a un superior corrupto «tiene que ser poco menos que un Quijote» para sacar adelante su denuncia, expuesto al acoso o incluso al despido. Ha puesto en valor que la OAAF sea «una oficina totalmente independiente, que nace por mandato parlamentario y no está sometida a ningún tipo de poder ejecutivo», una independencia «digna de defenderse y de destacarse», que no impide el respaldo del Gobierno andaluz a sus iniciativas.
Ponencias de enfoque práctico
Fiel al planteamiento de la Oficina, el programa ha tenido un enfoque eminentemente práctico, orientado al día a día profesional de los asistentes, que han participado activamente con sus preguntas. El director adjunto de la OAAF, Manuel Pérez Piñas, ha abierto las ponencias con «La protección de denunciantes de corrupción: la denuncia anónima», en la que ha analizado el marco jurídico de la Ley 2/2023 y el papel de las autoridades autonómicas de protección del informante, con pautas concretas para acompañar y proteger a quien denuncia.
En el bloque dedicado a la perspectiva penal y aduanera, el magistrado de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba José Ignacio Vilaplana Luquero ha abordado la autoría y participación en los delitos contra la Administración Pública y la responsabilidad penal de los operadores jurídicos, con sus riesgos y garantías. Por su parte, el jefe de Vigilancia Aduanera de Córdoba, Antonio Sánchez Jiménez, ha explicado de primera mano las tipologías de fraude en el comercio exterior, los mecanismos de control aduanero y las herramientas de la AEAT frente al contrabando y el fraude fiscal.
Al hacer balance en la clausura, Sánchez Zamorano ha destacado que proteger a quien denuncia «no es un gesto de buena voluntad, sino una obligación legal y una condición para que el sistema funcione», porque «sin informantes protegidos, muchas irregularidades nunca saldrían a la luz». También ha subrayado que la integridad «nos interpela a quienes trabajamos con el Derecho» y que la labor de Vigilancia Aduanera, «a menudo poco visible», es «decisiva para proteger los recursos que son de todos». Tres enfoques que, en su opinión, llevan a una misma conclusión: la lucha contra el fraude «no es tarea de una sola institución ni de una sola profesión».
En la clausura el decano Carlos Arias ha agradecido a la Oficina que haya contado con el Colegio y ha coincidido en que esta colaboración «debe tener continuidad».
Sánchez Zamorano ha cerrado con una invitación a los asistentes: «La integridad no se decreta: se construye, día a día, con profesionales comprometidos, con quienes se preparan para serlo y con instituciones que cooperan. Prevenir siempre es mejor que sancionar, y cada profesional mejor formado es una barrera más frente al fraude y la corrupción».