La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha participado en la I Jornada de Integridad Pública y Buena Gobernanza, organizada por el Área de Empleado Público y el Comité Antifraude de la Diputación de Sevilla en la sede de la Fundación Cajasol. El encuentro ha reunido a especialistas de organismos autonómicos y estatales para analizar los retos de la integridad pública, con especial atención a la Administración local.
José María Martínez García, asesor de Análisis y Relaciones Institucionales de la Oficina, ha intervenido en la mesa redonda «Modelos autonómicos de prevención del fraude», junto a Jorge Ciganda Teruel, técnico superior de Prevención de la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción. La sesión ha estado moderada por Alejandro Talavera Gallego, presidente del Comité Antifraude de la Diputación.
Anticiparse al problema
Martínez García ha presentado a la OAAF, creada por la Ley 2/2021, como una institución que actúa desde el respeto a la autonomía local y en colaboración con sus órganos. Ha centrado su intervención en la función preventiva, que no se limita a aprobar normas. Según ha explicado, abarca formar para evitar riesgos, orientar ante situaciones concretas, facilitar herramientas para identificarlos y adoptar medidas, y acompañar a cada organización según sus recursos y procesos. «La mejor prevención es la que actúa antes de que aparezca el problema», ha afirmado.
El representante de la Oficina ha defendido pasar de una prevención basada en el cumplimiento formal a otra centrada en conocer los riesgos y mejorar los procesos. Para ello, ha propuesto aprender de la experiencia acumulada y detectar patrones en los ámbitos donde se repiten las dificultades: aquellos con muchas decisiones, varias personas implicadas, intereses que confluyen y márgenes de discrecionalidad.
Ha subrayado también la diversidad de la realidad municipal y los escasos medios de muchos ayuntamientos pequeños: «Una medida solo es útil si puede aplicarse y mantenerse». Por eso ha abogado por pocas medidas, pero útiles, proporcionadas y sostenibles. Como ejemplo ha citado los procesos selectivos, donde gestionar riesgos «no es desconfiar; es proteger el procedimiento» y garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Cooperación entre agencias: el proyecto LOCRIIS
El representante de la OAAF ha destacado el valor de la Red de Oficinas, Agencias y Órganos Antifraude del Estado para compartir metodologías, herramientas, dudas y errores, de modo que ninguna agencia empiece desde cero. En este marco ha presentado LOCRIIS, un proyecto en el que la OAAF trabaja con sus homólogas de la Comunitat Valenciana y Cataluña, la OCDE y la Comisión Europea. El proyecto cuenta con nueve municipios piloto.
Su objetivo es elaborar indicadores de integridad local con un marco común y datos comparables. Martínez García ha precisado que no pretende medir la corrupción ni clasificar municipios. Entre los aprendizajes ha citado la necesidad de indicadores rigurosos y aplicables, la adaptación a la diversidad municipal, la participación de los ayuntamientos en el diseño y el paso del cuestionario a la planificación sin generar una carga excesiva.
De la teoría a la práctica
Para los ayuntamientos que se preguntan por dónde empezar, ha propuesto cinco verbos: priorizar uno o dos procesos concretos, aprovechar lo que ya existe, designar responsables claros, compartir herramientas comunes y comprobar con un seguimiento sencillo si las medidas se aplican y resuelven el problema. En este recorrido ha situado la Estrategia de la Oficina y la iniciativa Organizaciones por la Integridad Pública (OIP), que acompaña a las entidades en un itinerario que consiste en conocer, identificar, actuar y mejorar.
Martínez García ha concluido que la OAAF aporta metodología, herramientas adaptadas, formación, sensibilización y acompañamiento para que la integridad entre en la gestión ordinaria: «La integridad no es un objetivo añadido a la buena administración; es una manera de mejorarla».