La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) y el Instituto Universitario de Investigación Clavero Arévalo han organizado este lunes 16 de junio la jornada *La protección del informante: instituciones de garantía y cuestiones abiertas*, celebrada en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla.
El encuentro, también promovido por la Red de Cátedras de Transparencia y Gobierno Abierto y el proyecto de investigación “De la transparencia al gobierno abierto”, ha reunido a responsables de autoridades independientes, académicos, juristas y jóvenes investigadores para abordar el estado de aplicación de la Ley 2/2023 de protección de las personas informantes, más de dos años después de su entrada en vigor.
El acto de inauguración contó con la intervención del director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, y de los codirectores de la Red de Cátedras e Institutos Universitarios de Gobierno Abierto, los profesores Isaac Martín Delgado y Emilio Guichot, este último también director del Instituto Clavero Arévalo.
En su discurso de apertura, Sánchez Zamorano subrayó el significado de celebrar la jornada en la Facultad de Ciencias del Trabajo: «La protección del informante es también una cuestión de cultura del trabajo, de ética laboral, de garantías para quienes desde dentro de las organizaciones tienen el valor de señalar lo que no funciona».
El director de la OAAF destacó asimismo la solidez de la relación entre ambas instituciones, recientemente refrendada mediante la prórroga del convenio de colaboración que las vincula: «Ese convenio no es un mero instrumento formal: es la expresión de una voluntad compartida de trabajar juntos en los grandes retos que plantea hoy la protección del informante y, de manera más amplia, la promoción de la integridad pública en el ámbito universitario andaluz». Sánchez Zamorano situó la colaboración con las universidades andaluzas como una prioridad estratégica de la Oficina, e incidió en la necesidad de extender progresivamente los estándares de integridad al conjunto del sistema universitario: «Reforzar esos estándares en el ámbito universitario no es cuestionar a la institución, sino fortalecerla».
Por su parte, el profesor Emilio Guichot, director del Instituto Clavero Arévalo y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, participó tanto en el acto inaugural como en la segunda mesa de trabajo, en la que analizó la justiciabilidad de las decisiones de inadmisión y archivo adoptadas por las autoridades independientes de protección del denunciante, una de las cuestiones que el sistema vigente deja sin resolver de manera expresa.
La jornada se articuló en dos mesas. La primera, moderada por el profesor Isaac Martín Delgado, se centró en la configuración legal y la práctica de las autoridades de protección, con intervenciones del director de Gabinete de la AIPI, Ignacio Sáez Hidalgo, y del subdirector de Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección a la Persona Denunciante de la OAAF, Manuel Pérez Piñas. La segunda mesa, moderada por la catedrática Concepción Barrero Rodríguez, abordó cuestiones de futuro: el balance y las posibles reformas de la Directiva europea 2019/1937, la integración de las autoridades de protección del informante y las anticorrupción, y la justiciabilidad de las resoluciones de inadmisión.
La jornada se completó con una reunión de la Red de Cátedras e Institutos Universitarios de Transparencia y Gobierno Abierto, en la que participaron representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universitat Jaume I y otras instituciones académicas integrantes de la red.