La Viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Mª Corredera, el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Ricardo Puyol, y el director del Instituto Andaluz de Administración Pública, José Loaiza, han presentado hoy el estudio de Buenas Prácticas de Lucha contra el Fraude que busca reforzar la eficacia de la prevención de la corrupción en Andalucía.
El documento elaborado por el área de evaluación de políticas públicas del IAAP ofrece un catálogo de buenas prácticas, actividades y funciones de siete agencias antifraude europeas, entre las que se encuentran la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC), la Autoridad Nacional de Transparencia griega, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona y la Unidad Antifraude de la Diputación de Huelva.
El estudio propone una serie de recomendaciones estratégicas, operativas y organizativas que están siendo incorporadas por la Oficina Andaluza Antifraude para mejorar la eficacia de sus funciones de prevención. Entre ellas, se acometerá la extracción sistemática de datos de las denuncias, que permita realizar mapas de riesgo que determinarán los ámbitos donde se producen más irregularidades (contratación, selección de personal, fondos europeos, etc..) a fin de establecer medidas de sensibilización y formación al objeto de minimizar dichos riesgos.
Por otro lado, en el marco de las acciones conjuntas con otras entidades que recomienda el estudio, la oficina participa en la Red Europea de Autoridades para la integridad y la protección de las personas alertadoras (NEIWA), formando parte del grupo de trabajo de análisis en materia de protección a informantes, que concluirá con la elaboración de un protocolo europeo de defensa de personas denunciantes.
Tanto Corredera como Loaiza, así como el director de la OAAF han subrayado la importancia de conocer la experiencia de otros organismos encargados de la investigación, control y sanción de prácticas de fraude y corrupción. Se trata de ver “qué funciona y qué no” para ayudar a la Oficina Andaluza Antifraude a “mejorar su eficiencia”.
La viceconsejera ha defendido “la transparencia y la tolerancia 0 con la corrupción. Se han dado casos en Andalucía que no podemos permitir que vuelvan a suceder. Los ciudadanos son cada vez más exigentes porque estamos trabajando con dinero público y hay que ser rigurosos y transparentes para que pueda haber un control”. Corredera ha incidido en que en esta materia es “importante ir de la mano porque lo exigen los ciudadanos”.
El director de la OAAF ha destacado que «estamos ante un cambio de paradigma en el que las políticas antifraude ya no son circunstanciales y han llegado a la administración para quedarse. Con la incorporación de estas recomendaciones reforzamos los mecanismos de prevención de la corrupción en Andalucía. Una apuesta por consolidar la cultura de la integridad pública como pilar fundamental para el buen funcionamiento de nuestras instituciones» .
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