La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y la Agencia Tributaria de Andalucía (ATRIAN) han suscrito un protocolo de actuación que define el marco de colaboración entre ambas entidades para la gestión y recaudación de sanciones pecuniarias y otros ingresos de derecho público.
El documento, firmado por Francisco de Paula Sánchez Zamorano, director de la Oficina Antifraude, y José Francisco Parra Soler, director de la ATRIAN, busca optimizar el cobro de las multas derivadas de los procedimientos sancionadores por fraude y corrupción, garantizando que estos ingresos se reflejen correctamente en la contabilidad pública andaluza.
Según el acuerdo, la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción será responsable de la recaudación en periodo voluntario, mientras que la ATRIAN asumirá la gestión del cobro en periodo ejecutivo cuando no se produzca el pago voluntario de las sanciones.
Esta distribución de funciones se fundamenta en la Ley 2/2021 de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía, que establece que los ingresos gestionados por la Oficina forman parte de la Hacienda de la Junta de Andalucía.
Sistema unificado de información
Un elemento clave del protocolo es el compromiso de ambas instituciones de mantener actualizado el Sistema Unificado de Recursos (SUR), la herramienta informática que centraliza toda la información sobre deudas y recaudación en la administración andaluza.
La Oficina se compromete a generar las liquidaciones, notificar los actos administrativos, informar sobre recursos y reclamaciones, y gestionar las solicitudes de aplazamiento que sean de su competencia. Por su parte, la ATRIAN se encargará de dictar y notificar las providencias de apremio, realizar embargos cuando sea necesario, tramitar compensaciones y dar de baja las deudas por prescripción o insolvencia.
Ámbito de aplicación
El protocolo abarca tres tipos de créditos: las sanciones pecuniarias impuestas por la Oficina en ejercicio de su potestad sancionadora, los derechos derivados de contratos administrativos suscritos por el organismo, y las costas procesales en procesos judiciales en los que la Oficina haya sido parte con pronunciamiento favorable.
El acuerdo también establece canales de comunicación entre ambas entidades y designa interlocutores específicos para garantizar la correcta aplicación del protocolo. Por parte de la Oficina actuará como referente la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador, mientras que por parte de ATRIAN lo hará el Departamento de Innovación Tecnológica y Análisis de la Información.
Con este protocolo, ambas instituciones refuerzan su colaboración bajo el principio de lealtad institucional, con el objetivo último de conseguir una gestión más eficaz de los recursos públicos y garantizar que las sanciones impuestas por casos de fraude y corrupción se recauden efectivamente.