La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha estado presente en el II Congreso de Integridad y Protección de Informantes, organizado por la UNED los días 12 y 13 de mayo en Madrid. El congreso, dirigido por los profesores de la UNED Mariano Melendo Pardos y Javier Sierra Rodríguez, reunió a representantes de autoridades autonómicas, juristas, académicos y profesionales de la integridad pública de toda España, y contó en su inauguración con la presencia del presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, Manuel Villoria Mendieta.
El director de la oficina Francisco de Paula Sánchez Zamorano participó en la Mesa de Autoridades Autonómicas en materia de Protección del Informante, donde subrayó el carácter pionero de la OAAF —creada por la Ley 2/2021 antes de que existiera la normativa estatal— y su adscripción parlamentaria como garantía estructural de independencia. Presentó además los datos de actividad de la Oficina: 3.116 denuncias recibidas, 365 solicitudes de protección y 70 expedientes abiertos, con una tendencia claramente ascendente que sitúa la proyección de 2026 en 66 expedientes, frente a 28 en 2025 y 14 en 2024.
En el plano normativo, el Sánchez Zamorano abogó por la eliminación de las zonas grises en la revisión de la Directiva 2019/1937, con tres demandas prioritarias: ampliación del ámbito material de protección más allá de las doce áreas tasadas del Derecho de la Unión, estándares mínimos comunes de funcionamiento para las autoridades competentes, y mecanismos formales de cooperación transfronteriza. Defendió asimismo la necesidad de avanzar en la coordinación entre autoridades autonómicas y destacó la participación de la OAAF en NEIWA, la red europea de autoridades de integridad y protección del denunciante.
Por su parte. el subdirector de Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección al denunciante, Manuel Pérez Piñas intervino en el Grupo de Trabajo sobre Integridad en el Sector Público con una ponencia centrada en las insuficiencias del marco normativo vigente. A partir de la experiencia acumulada por la OAAF, analizó cuatro ámbitos de déficit: la insuficiencia de las medidas cautelares ante represalias inmediatas; las lagunas en la protección cuando los asuntos se judicializan; las dificultades en la coordinación con el Ministerio Fiscal; y la compleja distinción entre acoso laboral y conflictos interpersonales, que exige criterios normativos más precisos. La ponencia incorporó propuestas concretas en el marco de las alegaciones al proceso de revisión de la Directiva y al Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad.
Del mismo modo, la directora adjunta y el asesor de análisis y relaciones instituciones de la OAAF, Marta Blázquez Expósito y Manuel García Bernárdez respectivamente, presentaron en el Grupo de Trabajo sobre el Alertador los resultados de una investigación sobre los factores psicosociales que bloquean la denuncia en Europa. El estudio, basado en más de 135.000 observaciones de los Eurobarómetros de 2017 a 2024 y en modelos logísticos multinivel, concluye que la no denuncia es una respuesta racional ante un riesgo percibido real: solo el 17% de quienes conocen un hecho de corrupción llegan a denunciarlo. La investigación identifica la vulnerabilidad económica como amplificador del miedo a represalias, con mayor incidencia en países mediterráneos como España, y apunta a la Directiva europea como posible factor de reducción del bloqueo desde 2022.
La OAAF participó también como entidad colaboradora del evento, junto a instituciones como la Oficina Antifraude de Catalunya, COSITAL, Transparency International España y la Fundación Hay Derecho, entre otras. La Oficina agradece a la organización la confianza depositada y reafirma su compromiso con la transferencia de conocimiento en materia de integridad pública y protección efectiva de los informantes.