La justicia desempeña una labor transcendental en la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de actos y conductas de corrupción, no obstante, esta función represiva de los tribunales debe ir acompañada de actuaciones preventivas y de control desplegadas por las autoridades antifraude. Así se desprende de las conclusiones de la III Jornada Anticorrupción organizada por la Oficina Andaluza Antifraude el pasado 25 de abril en el Parlamento de Andalucía.
La prevención de la corrupción se ha revelado como una herramienta clave para mitigar los riesgos asociados con prácticas irregulares, corruptas y fraudulentas, ya que busca abordar las causas subyacentes y crear un entorno que evite su proliferación. La importancia de la prevención radica en su capacidad para crear una cultura organizacional y social que desaliente la corrupción y el fraude desde su origen, de forma que la respuesta penal debería suponer el último recurso o eslabón del que dispone la sociedad en esta lucha colectiva.
Del mismo modo, la vertiginosa evolución de las tecnologías digitales como la Inteligencia Artificial (IA) y el análisis masivo de datos ha abierto un escenario que obliga a su incorporación como instrumentos esenciales a la hora de prevenir y detectar la corrupción, dado que suponen una herramienta de observación de todo el espacio muestral en campos como la contratación pública, las subvenciones y otros ámbitos donde no se puede llegar con los medios técnicos y humanos de los que disponen actualmente los órganos fiscalizadores y de control.
De las conclusiones de las jornadas también se constata la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación entre los tribunales de justicia, las oficinas antifraude, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el conjunto de instituciones públicas con competencias en esta materia, para mejorar la eficacia de la lucha integral contra la corrupción pública.
En opinión de los magistrados que han participado en el encuentro, se constata una escasez de medios materiales y humanos, así como carencias en la especialización normativa en materias administrativas como la gestión económico-presupuestaria o la contratación pública, entre otras, un hecho que actualmente está dificultando la lucha contra la corrupción desde los tribunales. De ahí el importante papel que desarrollan las oficinas antifraude como órgano de auxilio necesario, de apoyo y colaboración con el Ministerio Fiscal en investigaciones extraprocesales en las que existen indicios de la comisión de posibles infracciones administrativas.
Actualmente, la ciudadanía tiene especial sensibilidad y rechazo por la corrupción política, los numerosos casos conocidos en los últimos meses han avivado la percepción sobre la impunidad de los partidos políticos ante actuaciones de claro reproche no sólo ético o administrativo sino también penal. Que la corrupción se infiltre como una dinámica normal de actuación de las organizaciones políticas supone un riesgo para la democracia, lo que ha abierto un debate académico y jurídico sobre la necesidad de incluirlos en el código penal como sujetos activos de delito y el reconocimiento de su responsabilidad penal.
Por último, las organizaciones de la sociedad civil participantes han denunciado las continuas injerencias del poder político sobre las actuaciones de los órganos de control e instituciones de contrapeso como un grave problema que no solo produce una merma en su independencia sino que socava un pilar nuclear del buen funcionamiento de nuestras instituciones. En sentido, la sociedad civil ejerce una importante labor de vigilancia del abuso de poder y de la corrupción desde unas posiciones de independencia, evitando que las instituciones se pongan al servicio de intereses partidistas en lugar del interés general.
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Organizaciones por la Integridad Pública
La Oficina Andaluza Antifraude ha presentado en el marco de la III Jornada Anticorrupción el proyecto de Organizaciones por la Integridad Pública (OIP). Esta iniciativa se basa en una metodología circular, mediante la cual las organizaciones participantes se someten a un acompañamiento por parte de la OAAF, en el que son las propias organizaciones las que deben elaborar sus propios mapas de riesgos y generar sus marcos autorregulatorios de integridad. Actualmente han acordado su adhesión al mismo, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Universidad Pablo de Olavide, la Diputación Provincial de Cádiz, el Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) y el Ayuntamiento granadino de las Gabias.
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Ponentes
La jornada ha contado con ponentes de reconocido prestigio tanto del ámbito académico como de la esfera judicial, de la administración pública y de organizaciones sociales sin ánimo de lucro cuyos fines son la lucha contra la corrupción.
Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional y Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado Mercantil nº 11 de Madrid, así como, Mª Luisa Wic, subdirectora de investigación, inspección y régimen sancionador de la OAAF y Ricardo Puyol, director de la Oficina analizaron la problemática de las investigaciones de casos de corrupción pública.
Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, Sara Carou, doctora en Derecho, especialista Derecho Penal y Penitenciario de la Universidad Internacional de la Rioja, José Antonio Jurado Ripoll, Abogado del Estado y Marta Blázquez, directora adjunta de la OAAF, abordaron el nuevo marco nacional e internacional de lucha contra la corrupción.
Silvia Sancho, subdirectora General de la Inspección General de Servicios de la AGE, David Martínez, director ejecutivo de Transparencia Internacional España, Safira Cantos, directora de la Fundación Hay Derecho, Manuel José García, experto en contratación pública y miembro del Observatorio de Contratación Pública y Manuel Pérez Piña, subdirector de asuntos jurídicos de la OAAF debatieron sobre la acción preventiva como herramienta transversal hacia la integridad pública.