El acuerdo permite garantizar el traspaso, con todas las garantías de confidencialidad y anonimato, de las comunicaciones que reciba el consistorio barcelonés a través del Buzón Ético y de Buen Gobierno y que sean de la competencia de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, la que, en reciprocidad y con las mismas garantías, trasladará a los responsables del Buzón Ético del Ayuntamiento de Barcelona las que sean de la competencia de esta corporación municipal. También se contempla la colaboración en actividades formativas, con la posibilidad de elaboración de un plan específico para el personal del Ayuntamiento, así como la colaboración en estudios de análisis y gestión de riesgos de corrupción, su prevención y el fomento de la integridad.
El Canal de denuncias de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ha sido puesto en funcionamiento mediante la Resolución del director de la OAAF, Ricardo Puyol Sánchez, de 20 de marzo de 2023, resolución que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 24 de marzo del mismo año. Ello ha supuesto un paso muy importante en la lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía, ya que el citado Canal de denuncias andaluz no sólo reúne todos los requisitos y requerimientos exigidos por la Directiva Europea 2019/1937 y la nueva ley estatal que la traspone, Ley 2/2023, sino que, además, da un paso más allá al permitir denuncias de personas que no sean funcionarios públicos o trabajadores del sector público, o ni siquiera tengan relación laboral alguna, en consonancia con lo previsto en la Ley andaluza 2/2021, de 18 de junio. El Buzón Ético y de Buen Gobierno, que funciona desde el año 2017, también reúne todos los requerimientos exigidos por la directiva europea y la nueva ley de protección de las personas informantes que ha entrado en vigor recientemente.
La firma de este convenio entre la OAAF y el Ayuntamiento de Barcelona no es un caso aislado, puesto que existen similares convenios entre el Ayuntamiento de Barcelona y las oficinas antifraude de Cataluña, Valencia y Baleares, incorporándose Andalucía ahora, con lo que se consolidan los vínculos entre las instituciones y oficinas antifraude, lo que supone un avance en la lucha contra la corrupción y la protección de las personas denunciantes.
Se trata de unas colaboraciones especialmente relevantes sobre todo a raíz de la aprobación de la Directiva europea de protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión (conocida como Directiva whistleblower) y la entrada en vigor, el día 13 de marzo, de su ley de transposición, Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que establece la obligación de implementar canal internos de información en todas las entidades del sector público, de los cuales el del Ayuntamiento de Barcelona, el Buzón Ético y de Buen Gobierno, que empezó a funcionar en enero de 2017, fue pionero en el ámbito europeo.