La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha recibido esta semana la visita institucional de una delegación encabezada por Luis Gracia, titular de la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León (AICCyL), en unas jornadas de trabajo destinadas al intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ambas instituciones.
Durante la recepción, el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, junto con la directora adjunta, Marta Blázquez, calificó este encuentro de «oportunidad excepcional para el intercambio de experiencias, el aprendizaje mutuo y el fortalecimiento de los lazos entre nuestras instituciones».
Esta jornada de trabajo contribuye a que la AICCyL conozca de primera mano el funcionamiento de la Oficina Andaluza; su estructura organizativa, sus procedimientos de investigación, su experiencia en la gestión del canal de denuncias y la protección de los informantes, y, especialmente, la iniciativa impulsada por la OAAF de organizaciones de integración pública.
El director andaluz remarcó la importancia de la colaboración interinstitucional. «Las agencias antifraude como las nuestras deben estar cohesionadas, comunicarse y actuar de manera coordinada, ya que los desafíos que enfrentamos son comunes y requieren respuestas compartidas», ha incidido.
La visita, de dos días de duración, ha incluido una completa agenda de sesiones informativas y mesas redondas con los principales responsables de la institución andaluza.
Un referente en la lucha contra la corrupción
Luis Francisco Gracia Romero tomó posesión como titular de la AICCyL en junio de 2024, convirtiéndose en una figura clave del sistema de control e integridad en Castilla y León. Letrado del Consejo Consultivo de Castilla y León desde 2007, Gracia Romero cuenta con una dilatada experiencia en derecho administrativo y contratación pública, habiendo ejercido durante una década como secretario del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León.
La autoridad castellanoleonesa gestiona el canal externo de denuncias para el sector público autonómico y local, protege a los informantes de irregularidades y asesora en materia de prevención del fraude y la corrupción, funciones similares a las que desempeña la Oficina Andaluza en su ámbito territorial.