El próximo 1 de diciembre de 2023 finaliza el plazo para que alrededor de 5.000 empresas andaluzas con más de 50 trabajadores1 implanten un canal interno de denuncias al que se pueda acudir para informar sobre cualquier práctica irregular de la que se tenga conocimiento en la empresa.
Está obligación se encuentra recogida en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que entró en vigor el pasado mes de marzo y que supone la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019.
La exigencia de puesta en marcha de los canales internos de denuncia tiene como objetivo principal proteger a las personas que informan o denuncian en su ámbito laboral frente a las represalias que puedan sufrir. Además, las empresas tienen también la obligación de designar a una persona responsable de dichos canales y comunicar su nombramiento a la Oficina Andaluza Antifraude como autoridad autonómica competente para la gestión del Registro de Responsables del Sistema Interno de Información (RRSII) en Andalucía.
Desde la creación de dicho registro, 175 entidades han efectuado la comunicación preceptiva de la persona responsable del sistema, lo que supone tan solo el 3,5% del total de empresas que deben efectuar dicho trámite antes del 1 de diciembre. Según la Oficina este porcentaje tan bajo puede deberse a las especiales características técnicas y requisitos administrativos exigidos por la normativa de aplicación, así como a dudas de interpretación de la misma .
Así se ha puesto de manifiesto en la jornada “Compliance: Canales de denuncia e información de infracciones” organizada por la OAAF y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y que reunió el pasado martes 31 de octubre a más de 50 empresas de diferentes sectores para debatir sobre la aplicación práctica de la Ley 2/2023.
Aspectos relativos a requerimientos legales, organizativos y de infraestructura, personas responsables del canal, investigaciones internas o medidas de protección del denunciante centraron las consultas que las empresas dirigieron a la Oficina Andaluza Antifraude para solventar sus dudas con relación a la implantación de estos novedosos sistemas.
Cabe recordar que el incumplimiento de las obligaciones recogidas en la ley 2/2023 puede derivar en la imposición de sanciones de hasta un millón de euros, siendo el órgano de administración de las empresas el responsable de las mismas. En este sentido, desde la Oficina Andaluza Antifraude se ha trasladado un mensaje de tranquilidad, teniendo en cuenta las dificultades actuales que están sufriendo las empresas para dar cumplimiento a los plazos de una normativa muy rigurosa.
1Fuente: Directorio de Establecimientos y Empresas con actividad económica en Andalucía año 2022– Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)